Los gobiernos regionales de PSOE y Podemos preparan hachazos fiscales para 12 millones de españoles

Cerrado el mapa del poder autonómico tras las elecciones de pasado 26 de mayo, los Ejecutivos regionales se preparan para aprobar sus primeros presupuestos. Serán las primeras decisiones que afectarán a las economías de sus ciudadanos. Aún sin despejar la incógnita de la gobernabilidad en el ámbito nacional, lo que mantiene a muchas Comunidades en dificultades financieras, una cosa está clara: todos los gobiernos de coalición del PSOE y Podemos han pactado incrementos fiscales.

Socialistas y podemitas gobernarán en coalición la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Navarra, La Rioja, Canarias y Asturias. Siete regiones donde residen alrededor de 12 millones de españoles, todos directamente afectados por la gestión que pongan en marcha unos gobiernos surgidos de pactos en los no hay ninguno sin compromisos -más o menos explícitos, con más o menos carga de retórica ambigua y de eufemismos- que implican una subida de impuestos.

La Rioja

El último gobierno social-podemita en fraguarse, el que preside Concha Andreo en La Rioja, llega sin complejos y dispuesto a darle la vuelta como a un calcetín a la política fiscal que desarrolló el PP. Se ha comprometido a recuperar la integridad del Impuesto sobre el Patrimonio, aumentar el tramo autonómico del IRPF al 27% a partir de 120.000 euros y acabar con la bonificación del 99% en el Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones.

Canarias

Parecido destino les espera a los 2,1 millones de canarios, una vez que la izquierda ha recuperado el poder. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ya ha reconocido que está elaborando una propuesta para revertir gran parte de las “irresponsables” y “oportunistas” rebajas fiscales aprobadas por el anterior Gobierno de Coalición Canaria. La primera subida afectará al IGIG (Impuesto General Indirecto Canario).

Comunidad Valenciana

El Consell que regirá los destinos de la Comunidad Valenciana, la mayor de cuantas gobernará el PSOE junto a Podemos tras el 26-M (5 millones de habitantes), acometerá una “reforma tributaria” para “configurar un sistema fiscal progresivo” que garantice “el sostenimiento de los servicios públicos y de la igualdad de oportunidades”.

Además, el Gobierno valenciano desarrollará tributos propios y modificará al alza el tramo autonómico del IRPF, según lo acordado por PSOE, Podemos y Compromís en la segunda edición del conocido como pacto del Botánico. Pacto que se saldó con un reparto del Consell que obligó a crear una tercera vicepresidencia, tres Consejerías y 138 altos cargos.

Baleares

En Baleares, el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol con el respaldo de Podemos, incidirá en la denominada “fiscalidad verde”, los impuestos que gravarán el turismo y promete un ambiguo “nuevo eje fiscal”, que está por ver cómo afectará al bolsillo del más de un millón de ciudadanos baleares.

Aragón

El socialista Javier Lambán y sus socios podemitas en Aragón han emboscado su política fiscal tras una retórica buenista: “Impulsar un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, en el que todas las personas contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”. De los que PSOE y Podemos entiendan por “justo” saldrán las medidas fiscales que deberán afrontar el casi millón y medio de aragoneses.

Navarra

En Navarra, cuya peculiaridad foral le permite tener una situación financiera saneada, la socialista María Chivite y su corte de aliados podemitas y euskaldunes apuntan a “los beneficios fiscales de las empresas y la tributación de las grandes empresas”. Se han comprometido también a impulsar nuevos tributos en el ámbito del comercio electrónico y las operaciones bursátiles.

Todo ello sin olvidar el propósito de “trabajar en la mejora, actualización y desarrollo del sistema tributario de la Comunidad Foral de Navarra con el fin de que atienda a las necesidades de la economía productiva, a la suficiencia financiera y a las necesidades que tiene Navarra en cuanto al mantenimiento del nivel de bienestar y protección social”. Retórica que, sin explicitar compromiso alguno, deja por escrito las justificaciones previas para políticas fiscales más exigentes para el bolsillo de los navarros.